La diputada Lionella Cattalini, presentó un proyecto de ley en la cámara baja para que en las contrataciones públicas, las personas, empresas, mutuales o cooperativas acrediten no tener condenas por corrupción.
La iniciativa establece que antes de cada adjudicación, el Estado deberá verificar electrónica y judicialmente que no haya antecedentes penales activos.
La legisladora expresó: «quienes quieran contratar con el Estado tienen que demostrar no solo capacidad técnica y económica, sino también idoneidad ética como exigencia básica».
